Contraloría dio a conocer su primer informe sobre el caso de corrupción que involucra a fundaciones como Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
En el documento se constata que hubo corrupción entre la Secretaría General Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva liderada por Daniel Andrade, expareja de la diputada RD Catalina Pérez.
En el documento de 87 páginas se advierte que hubo asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano Contralor, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas.
Según fuentes vinculadas a la investigación, se estima que el mismo patrón se habría replicado en otras regiones y gobernaciones, es decir, personas contratadas por fundaciones que tienen puestos de trabajo, acceso a plataformas contables, teléfonos y correos de diversas Seremias.
Detalles del informe de Contraloría sobre Democracia Viva
Las principales conclusiones del informe emitido por Contraloría sobre el caso de Democracia Viva son las siguientes:
-Asignación discrecional de recursos sin justificación. Se advierte que se realizaron transferencias de recursos a la Fundación Democracia Viva para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, sin que existan documentos que acrediten los motivos. También se acreditó la inexistencia de procedimientos para el llamado a concurso público.
-Se constató que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaban funciones directivas y operativas en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta Esto sin ser funcionarios públicos, y utilizando escritorios, teléfonos, computadores y correos institucionales. También teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos.
-Incumplimiento del deber de abstención. El informe estableció que Carlos Contreras, ex seremi de vivienda, al mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, vulneró el principio de probidad. Al ex seremi le correspondía el deber de abstenerse de su condición de firmante. Además, no consta que dicho asunto haya sido puesto en conocimiento de su superior jerárquico.
-Fraccionamiento de fondos para eludir toma de razón. La Seremi de Vivienda suscribió dos convenios separados con Democracia Viva para iniciativas de inversión en los campamentos EcuaChilePe ($200 millones) e Irarrázaval Etapa I ($170 millones), ambos colindantes y que forman parte del Macrocampamento Balmaceda, por lo que no se justifica su fraccionamiento. Con ello se evitó que ambos convenios fueran revisados por la Contraloría para el control de legalidad.
Falta de planes de trabajo y definición de proyectos
A lo anterior, se agregan también los siguientes hallazgos:
-Debilidades en definición de proyectos y actividades que debían desarrollar las fundaciones. El Serviu Antofagasta contaba con una “Ficha de inversiones”, documento que presenta actividades de carácter general, sin detalles técnicos y mostrando sólo costos globales.
-Ausencia de planes de trabajo. En los convenios suscritos no se exigió a las fundaciones planes de trabajo que describieran las acciones a ejecutar y la cantidad de recursos destinados a ese fin. En el caso del convenio con Democracia Viva, aun cuando la cláusula octava de la resolución exenta establece la obligación por parte de la fundación de elaborar un plan de trabajo general, este no formó parte del convenio ni existe un plazo para su entrega.
-Debilidades en el control de las rendiciones de cuenta. La auditoría advirtió falta de control en la rendición de gastos de las fundaciones, así como también baja ejecución, rendiciones presentadas no revisadas y registro contable en plataformas vulnerables. Esto hace imposible asegurar la integridad y confiabilidad de dichos antecedentes.
