La solicitud fue emitida por Lucas Furtado, vicefiscal general del Ministerio Público, quien pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión que el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantuviera alejado de las funciones administrativas y jerárquicas de los ministerios de Salud, Economía y de la Casa Civil para así, evitar su intervención en las distintas medidas y gestiones por la crisis del Covid-19.
Furtado quiere que se mantenga apartado a Bolsonaro y a otros funcionarios que ocupen cargos políticos “que se identifiquen como responsables de la inercia y omisión de la ejecución de las políticas públicas de salud en el combate de la pandemia de COVID-19”.
Además, señala que “no se puede discutir que toda la estructura federal de atención a la salud, con recursos financieros, patrimoniales y humanos, tendrá un perjuicio incuestionable para el erario si no cumple con su función de atender a la población en el momento de mayor y más flagrante necesidad”.
A su vez, añadió que “es inaceptable que toda esa estructura se mantenga inerte por disputas y caprichos políticos ante el sufrimiento de la población ante factores previsibles y evitables”.
Cabe destacar que la solicitud realizada por Furtado, se ampara en el artículo 44 de la Ley TCU, la cual dictamina que se puede realizar la suspensión provisional de un responsable “si existen indicios suficientes de que en ejercicio de sus funciones pueda retrasar o dificultar la realización de auditoría o inspección, causar nuevos daños al erario o imposibilitar su resarcimiento”.
Por último, Furtado pide al TCU que admita “la legitimidad, la competencia administrativa y la autoridad” del vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, para nombrar a autoridades que gestionen los ministerios de Salud, Economía y la Casa Civil.
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