La votación se desarrolló en medio de protestas en las inmediaciones por parte de pescadores artesanales que exigen la anulación de la ley al considerarla un proyecto corrupto, luego de los vínculos del entonces ministro Pablo Longueira con grandes grupos económicos en medio del armado del proyecto.
Los pescadores denuncian que la actual Ley de Pesca ley beneficia a las grandes empresas, entregándoles grandes cuotas de pesca, lo que generaría impactos irreversibles en el ecosistema y los perjudicaría en su fuente laboral.
El proyecto que dejaría sin efecto esta ley deberá volver a la comisión de Constitución de la Cámara Baja al ser objeto de indicaciones. Por lo que deberá seguir su curso hacia el Senado.
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