Distribuye la droga a través de delivery, terceriza todos los servicios por lo que muy pocos lo conocen, no vive en poblaciones, no participa de los narco funerales, trabaja con abogados, contadores y asesores para lavar el dinero, jamás habla de una transacción por celular y tiene contactos con proveedores de drogas en distintos países del mundo.
Esas son solo algunas de las cualidades del nuevo narco chileno, uno que entiende que si no quiere ser detectado tiene que estar siempre un paso más delante de la ley. A continuación, los datos recabados por una investigación de BiobíoChile.
Según el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, en los últimos 10 años los imputados por tráfico superaron las 220 mil personas, mientras que las condenas han llegado a las 72.500.
Solo en este 2020 la PDI ha requisado 11.500 kilos de distintos tipos de drogas, lo que traduce en unos 116 mil millones de pesos. La cifra representa un alza de 19 por ciento respecto al año anterior.
¿La razón? La crisis económica que generó la pandemia. De hecho, en abril de este año -aun cuando el 60 por ciento del país estaba en cuarentena- los decomisos aumentaron en un 81,5 por ciento.
Pese a estas pesquisas, sigue siendo difícil atrapar a los peces gordos, pues cuidan sus pasos, diversifican los negocios, aprovechan la extensa costa marítima para ingresar la droga y utilizan a profesionales afectados por la crisis: “inversionistas ángeles” o “invisibles”.
¿Quiénes son? Personas o empresas que aprovechando su invisibilidad comenzaron a blanquear activos para paliar sus necesidades financieras. No levantan sospechas, llevan una vida normal, trabajan para criminales y obtienen suculentos dividendos.
Delito de alto calibre
El armamento es otro dolor de cabeza para las policías, pues tanto Carabineros como la PDI reconocen que ha aumentado el número de estos instrumentos en manos criminales. De hecho, solo en el último tiempo los uniformados han incautado 999 armas de distinto calibre.
Y es que con las enormes sumas de dinero que recauda el negocio de la droga, conseguir armamento no es difícil. Incluso, si no se consigue en Chile lo importa, capital hay y de sobra.
Solo a modo de ejemplo, el reportaje de BiobíoChile da cuenta de la historia de dos jóvenes colombianos que llegaron a Iquique hace un par de años. Para solventar sus gastos, comenzaron a robar celulares, un negocio que con el que obtuvieron rápidamente capital para importar marihuana creepy.
Pasó poco más de un año para que fueran detenidos, pero pese a los pocos meses que estuvieron en el “rubro” ya poseían un patrimonio que superaba los $400 millones.
El crimen a las puertas del Estado
Con todos estos antecedentes en manos, el jefe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, reconoce que el crimen organizado está a las puertas del Estado.
“Si no reaccionamos (…) se nos puede ir el Estado de las manos. La penetración del narcotráfico y sus redes de corrupción (…) en el servicio público, en el financiamiento de la política, es un tema que no está tan lejos (…) perder el Estado en esto no es tan difícil. En México no se demoró tanto. Unos quince años”, advierte Toledo.
Y es que el problema no solo es lo difícil que está volviéndose dar contra los narcos más poderosos, sino que también las fallas del sistema judicial.
“En Chile quien trafica tiene una pena mínima de 5 años y un día. Pero eso es falso, porque no va a pasar en la cárcel si no tiene antecedentes prontuariales. Es decir, ese narco que detiene la policía va a ir preso (…) pero a los pocos meses va a estar en libertad porque tendrá beneficios. Entonces hay una suerte de desazón, de desaliento, no solo en la ciudadanía, sino también en la persecución penal, porque no hay certeza del rango de condenas”, afirma el jefe de la Unidad de Drogas.
Y enfatiza: “En un país desarrollado como Estados Unidos, Europa, tú sabes que vas a estar preso. Es decir, en Chile hay un rango de pena legal que suele ser inefectivo, falso. Lo que dice la ley no se cumple”.