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Camila Polizzi quedó en arresto domiciliario total

Luego de 2 días de audiencia, los tribunales dictaminaron que Camila Polizzi se mantenga en arresto domiciliario mientras dura la investigación.
Leonardo Zúñiga - Editor
5 Min de Lectura
Camila Polizzi quedó con arresto domiciliario total
Camila Polizzi quedó con arresto domiciliario total

El Juzgado de Garantía de Concepción decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camila Polizzi, medidas que compartirá con los otros cuatro imputados de lo que se ha denominado la arista “Lencería” del Caso Convenios.

Esto, en el marco de la investigación por irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional (Gore) del Biobío a la Fundación En Ti.

De acuerdo a la indagatoria, Polizzi y su ex pareja, Sebastián Polanco, se apropiaron de esa entidad para obtener vía asignación directa recursos por $250 millones desde la repartición regional, y terminaron simulando la ejecución de los proyectos asociados a los contratos.

La pareja habría ofrecido a Gerardo Silva, presidente de En Ti, el pago de $10 millones por el “arriendo” de la ONG -que contaba con varios años de experiencia- para poder postular a los convenios con el Gore. Así accedieron a los fondos para un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción.

Al justificar los gastos de las transferencias se presentaron boletas por compras de ropa interior, prendas de prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser conocida como el “caso Lencería”.

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Camila Polizzi en arresto domiciliario mientras se extienda la investigación de su caso

La Fiscalía imputa a Polizzi y a los hermanos Sebastián y Diego Polanco los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En tanto, el ex administrador del Gore del Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano de esa repartición, Simón Acuña Medina, son acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco.

El defensor penal público Jaime Pacheco, en representación de Camila Polizzi, cuestionó la figura de estafa por la cual es acusada su defendida.

“En lo que dice el tipo de estafa señoría, creo que hay más que serias dudas de que efectivamente estemos satisfaciendo la tipicidad de esa norma… Si no hay estafa, no hay lavado de activos, y esa es la premisa que sostiene esta defensa”, aseguró Pacheco.

Luego de 16 horas de audiencia de formalización, el juez Iohan León Espinoza argumentó para dictar su resolución que “aquí se trata de cautelar el uso de los recursos públicos”, pero también desestimó algunas tesis jurídicas que fueron presentadas por los querellantes, como el delito de estafa y el lavado de activos.

Declaración del magistrado a cargo del juicio

“La duda que queda: ¿son suficientes los estándares del Estado?”, se preguntó el juez León Espinoza, añadiendo que la actuación de los imputados “raya en lo burdo” por no cautelar el buen uso de los recursos públicos.

“En virtud de los artículos 5, 122, 139 y siguientes del Código Procesal Penal, se va a rechazar la petición en primer lugar de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, y en su lugar se van a decretar como medidas cautelares la 355, letra a, arresto domiciliario total en los domicilios señalados por cada uno de los imputados al principio de esta audiencia, ayer. Ahí deberán cumplir sus arrestos que empiezan a correr el día de mañana”, señaló el magistrado.

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Tras conocerse la determinación en el Juzgado de Garantía, la fiscalía apeló verbalmente a la decisión del magistrado para insistir en la prisión preventiva, a lo que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actúa como querellante, el cual posteriormente fue desestimado por el juez que lideraba la audiencia.

Respecto al plazo de investigación, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, propuso un plazo de nueve meses, a lo cual se plegó el CDE, debido a las pericias faltantes como revisión de celulares, computadores y la comparación de firmas, lo que finalmente fue aceptado por el juez Iohan León Espinoza en consideración, además, de los 18 tomos que hay en esta indagatoria.

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