Contraloría acusa caos administrativo durante gestión de Arturo Zúñiga

Residencias sanitarias se usaron sin la rigurosidad necesaria asegura el ente fiscalizador.

La Contraloría General de la República publicó un lapidario oficio en el que cuestiona en duros términos el desorden administrativo que significó la gestión de Arturo Zúñiga al mando de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En su informe, el organismo de control detectó que no existió una estrategia formal para llevar adelante la implementación de las residencias sanitarias, parte clave en la lucha desplegada contra la pandemia.

El documento detalla que no fue posible identificar la razón que fundamentó la asignación de dicha tarea a la División de Atención Primaria (DIVAP) -perteneciente a esa subsecretaría-, pese a que se consultó a diversas jefaturas, “quienes manifestaron desconocer o no tener del todo claro tales fundamentos”.

A ello agregan que la repartición tampoco rayó la cancha para determinar -entre otros aspectos- la organización interna para cumplir la implementación de las residencias sanitarias ni determinó cuáles serían las unidades y funcionarios que finalmente pondría en marcha dicho plan.

“A modo de ejemplo, se verificó mediante la revisión de los antecedentes aportados por funcionarios de la subsecretaría, que un asesor del subsecretario de Redes Asistenciales requirió el pago de una de las residencias sanitarias contratadas por esa entidad, sin que se encontrara debidamente acreditado el cumplimiento de las prestaciones asumidas”, dice el documento.

Además, -agrega el informe- se corroboró que en los procesos de búsqueda y selección de hoteles para el funcionamiento de residencias sanitarias “participaron funcionarios públicos y personal contratado a honorarios ajenos al Ministerio de Salud, sin que se adviertan los fundamentos ni mayores antecedentes que precisen tal intervención”.

El desorden administrativo no se detiene ahí. La Contraloría también verificó que la subsecretaría dejó a su suerte a los servicios de salud locales, al no entregar lineamientos generales para verificar, por ejemplo, la idoneidad técnica y sanitaria de las alternativas de hoteles seleccionadas para su funcionamiento como residencias sanitarias y corroborar la prestación de los servicios pactados.

Esto último llevó a que cada servicio terminara negociando en sus propios términos los contratos para las residencias sanitarias, por lo que tampoco pudo fijarse un estándar en lo relativo a las raciones de comidas, parámetros mínimos de calidad, etcétera.

Y peor aún. Redes Asistenciales tampoco estableció procedimientos o instrucciones que pudiera evitar conflictos de interés e irregularidades en la selección y contratación de los proveedores.

Justamente, esa falta de lineamientos derivó -por ejemplo- en lo ocurrido con el Hotel Clínico SPA. Según la investigación del organismo de control, la DIVAP no pudo acreditar la existencia de las 40 habitaciones con baño privado contratadas en el inmueble de Mosqueto 552, Santiago, y su correspondiente destinación a su uso como residencia sanitaria, o que las instalaciones garantizaran las condiciones de aislamiento que se requerían, “toda vez que que el referido edificio tenía uso residencial”.

Asimismo, detallan que hasta fines de junio de 2020 no existió un registro consolidado de las personas ingresadas al Hotel Clínico SPA, que diera cuenta y acreditara la forma en que se gestionaron los ingresos al hotel.

Más grave aún es que de los 94 huéspedes extranjeros individualizados en el listado referido, “se pudo verificar con los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile que en 56 casos, los registros de esa institución daban cuenta de que la persona informada había abandonado el país antes del periodo del cual habría hecho uso de las instalaciones”.


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