Como todos los años, la Mesa del Sector Público negocia con el gobierno el reajuste salarial, entre otras materias laborales. Este año la negociación se ha prolongado por más de un mes. Esto, porque el Gobierno y los 16 gremios representantes de los funcionarios estatales, quienes plantean una serie de demandas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, no han llegado a acuerdo.
La Mesa del Sector Público, inicialmente, propuso un alza nominal del 7,5% en los salarios. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda entregó una oferta que está lejos de las aspiraciones de su contraparte.
Además, la mesa planteó el denominado “bono de término de conflicto“, que se discute todos los años. Incluso este ítem es incluido en el proyecto de ley que se presenta al Congreso y que define las nuevas remuneraciones de los empleados públicos.
¿Cuál es el monto del bono de término de conflicto?
La Dirección del Trabajo define el bono de término de conflicto como “una remuneración ocasional, que se paga como su nombre lo indica, porque se puso término a un conflicto, situación que es naturalmente ocasional”.
Por ejemplo, considerando un organismo público, cuando los trabajadores deponen una huelga y llegan a acuerdo con sus empleadores, estos últimos otorgan la bonificación de término de conflicto, que generalmente se paga una única vez.
Con respecto al monto del beneficio, la Mesa del Sector Público plantea que sea de $65.000 para todos los funcionarios estatales que tengan una remuneración mensual bruta inferior a $750.000 y que desempeñen jornada completa. Para los de jornada parcial no hay una cifra determinada, pues el bono sería proporcional a su jornada de trabajo.
A diferencia de otros años, el bono sería más bajo que en reajustes anteriores. Por ejemplo, en 2020 alcanzó la cifra de $97.657; mientras que en 2019, de $185.000.
Insuficiente propuesta de reajuste salarial del Gobierno
Ahora, la respuesta que entregó el Ejecutivo para el reajuste salarial dejó inconformes a los gremios representantes. Del 7,5% nominal inicial, el Gobierno planteó un 4,5%, lo que significaría ningún alza en los salarios de los trabajadores.
Lo anterior, dado que la proyección del Banco Central para el IPC de 2022 es de 4,9%. Por lo tanto, el reajuste real sería de -0,4%.
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