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Sábado, Diciembre 5, 2020

Dirección del Trabajo fija criterios respecto de servicios mínimos

El criterio del órgano fiscalizador surge a partir de la situación planteada, consistente en la existencia de dos sindicatos constituidos en la empresa, con instrumento colectivo vigente.

Mediante Dictamen 1431/56, del 3 de abril de 2017, la Dirección del Trabajo señaló que la circunstancia que el legislador no haya regulado el procedimiento al que deben sujetarse las partes para calificar de común acuerdo los servicios mínimos y equipos de emergencia cuando se trate de negociaciones que deban iniciarse dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Laboral, no obsta a estimar pertinente que la propuesta que haga el empleador en tal sentido sea formulada por escrito.

Asimismo, indicó que la propuesta para calificar servicios mínimos y equipos de emergencia, formulada por el empleador debe dirigirse a todos los sindicatos existentes en la empresa y la duración del procedimiento previo, en virtud del cual las partes pueden llegar a un acuerdo en la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, no puede desatender el período que la ley ha previsto para requerir la intervención de la Dirección Regional del Trabajo.

El criterio del órgano fiscalizador surge a partir de la situación planteada, consistente en la existencia de dos sindicatos constituidos en la empresa, con instrumento colectivo vigente.

I.- Propuesta formulada por empleador debe ser por escrito

Sobre si la propuesta formulada por el empleador para calificar de común acuerdo los servicios mínimos y equipos de emergencia, antes de la entrada en vigencia de la ley, debe hacerse por escrito y comunicarse a todos los sindicatos existentes en la empresa, cabe señalar que el artículo tercero transitorio al regular la calificación que pueden hacer las partes de común acuerdo se remite a los incisos primero, segundo y séptimo del artículo 360.

Con la disposición en comento se observa que el legislador ha querido excluir del procedimiento de calificación todas las aquellas normas que regulan la forma y oportunidad en que debe formularse la propuesta de servicios mínimos y equipos de emergencia, circunstancia que no obsta a estimar la pertinencia de que la propuesta sea formulada por escrito para así permitir al sindicato evaluar y decidir su conformidad a la misma, con miras a lograr un acuerdo con el empleador.

Respecto a la necesidad de dirigir la propuesta a todos los sindicatos existentes en la empresa, cabe señalar que si bien la disposición transitoria regula la situación específica en que se encuentran aquellas empresas que tienen que iniciar negociaciones colectivas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, no es posible desatender que el proceso de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia ha sido consagrado por el legislador con el carácter de general y único para la empresa, a fin que afecte a todos los sindicatos existentes en la misma.

De esta suerte, analizado el caso en consulta a la luz de lo expuesto en acápites que anteceden, no cabe sino concluir que la propuesta para calificar servicios mínimos y equipos de emergencia, formulada por el empleador en virtud de la disposición del artículo tercero transitorio de la ley N°20.940 debe dirigirse a todos los sindicatos existentes en la empresa.

II.- Plazo mínimo

En cuanto al plazo mínimo al que deben sujetarse las partes para alcanzar un acuerdo en la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia, cabe señalar que la remisión que la disposición transitoria hace a los incisos primero, segundo y séptimo del artículo 360 permite colegir que el legislador no ha querido, en este caso, sujetar a plazo las tratativas para calificar los servicios mínimos y equipos de emergencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo tercero transitorio de la ley en estudio, en caso de no haberse alcanzado el acuerdo en la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, el empleador deberá recurrir a la Dirección Regional del Trabajo correspondiente, en las oportunidades previstas en la misma norma, en cuyo caso deberá sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 360.

En tales circunstancias, posible es convenir que cuando la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia deba ser resuelta por la Dirección Regional, deberá estarse a los plazos previstos para tales efectos en el artículo 360, vale decir, la resolución deberá emitirse en el plazo de cuarenta y cinco días siguientes al requerimiento y ser notificada a las partes dentro de los cinco días siguientes al de su emisión.

Asimismo, dable es mencionar que el requerimiento que se efectúe ante la Dirección Regional del Trabajo, solicitando su intervención en caso de no haberse alcanzado un acuerdo, deberá formularse en la oportunidad prevista en la disposición transitoria en comento. De modo tal que si bien el procedimiento previo, en virtud del cual las partes pueden llegar a un acuerdo en la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, no ha sido sujeto a plazo alguno, no puede desatender el período que el legislador ha previsto para requerir la intervención de la Dirección Regional.

Con todo, cabe señalar que conforme a la jurisprudencia administrativa de este Servicio contenida en dictamen N°5346/92, de 28.10.2016, el desarrollo del procedimiento para la calificación de los servicios mínimos y equipos de emergencia ante la Dirección Regional no obsta al acuerdo que puedan alcanzar las partes en el intertanto, el cual podrá poner término al procedimiento iniciado.

III.- Calificación de servicios mínimos es general y único

El procedimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia tiene el carácter de general y único para la empresa, razón por la cual la decisión que adopte la empresa con los sindicatos existentes en la misma, referida a dicha calificación, resulta obligatoria y vinculante para todas las organizaciones y no solo para aquellas que deban iniciar negociaciones colectivas dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Laboral.

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