Fraude en el Ejército por $3 mil millones: 800 militares estarían involucrados

Diputados calificaron el hecho como de “extrema gravedad” y acusan una “corrupción sistemática” al interior de la institución castrense.

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Luego de dos años de una intensa investigación en la que participó la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía Regional de Aysén anunció que se encuentra preparando la formalización de 800 militares acusados de defraudar al fisco, de los cuales 270 se encuentran activos en el Ejército.

La investigación se inició en 2018 y abarca a personal de la  IV División de Aysén, quienes habrían recibido pagos por trabajos que no se realizaron.

El fraude surgió como un mecanismo de compensación por las pérdidas económicas individuales que afectaron a algunos uniformados, a raíz del término del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.

“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó a CNN el fiscal Carlos Palma.

Sin embargo, “desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían: los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, precisó Palma.

Según las cifras de la indagatoria, el fraude al fisco podría alcanzar los $3.000 millones e involucraría a más de 800 militares activos y retirados, por lo que se trataría de una “investigación de largo aliento y compleja”.

Acusación es “un terremoto grado 10”

Una vez conocidos los antecedentes aportados por la Fiscalía Regional y por la PDI, los integrantes de la comisión investigadora del fraude en el Congreso reaccionaron sorprendidos calificando las acusaciones como de “extrema gravedad”.

“Este es el fraude más masivo conocido en la última década, que va a significar un terremoto grado 10 en las Fuerzas Armadas”, afirmó el presidente de la comisión, el diputado Leonardo Soto.

Y añadió: “Esta corrupción sistemática, estructural desde el comandante en Jefe hasta el último uniformado, es algo que sin duda golpea fuerte a la conciencia del país”.

En la misma línea, su par Jorge Brito señaló que “esto es de una extrema gravedad, y no se va a solucionar con procesos judiciales. Es importante que los procesos avancen hasta el final, pero más importante aún es que las autoridades a cargo de la Defensa implementen todos los cambios necesarios para que se resguarde el buen uso de los recursos públicos”.

Según lo explicado por el fiscal Palma lo que se investiga no es el Fondo de Ayuda Mutua, sino el fraude al fisco que se genera luego que el FAM no tuvo fondos para repartir a sus beneficiarios. Ante este delito,  los imputados arriesgan penas oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir, superiores a los cinco años y un día de cárcel.


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