Investigación revela la desprotección de quienes viven en zonas de “alto riesgo”

Estudio de CIPER analiza 174 "zonas ocupadas", algunas a kilómetros de consultorios, farmacias y/o supermercados.

Desde carteros entre balaceras, pasando por trabajadores de delivery que pierden su movilización, hasta vecinos que deben caminar kilómetros por comida o medicamentos. Esta es la realidad que viven miles de santiaguinos en zonas catalogadas de “alto riesgo”, donde muchos prefieren no entrar.

En esta investigación, CIPER analizó datos de infraestructura, equipamiento y servicios básicos a los que tienen acceso las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. 

Tanto servicios de agua, luz, correo, ambulancias y delivery evitan estas zonas controladas en su mayoría por bandas de narcotraficantes, ya que no quieren exponerse a la violencia, balaceras, robos y en algunas ocasiones, a un “cobro de peaje”, del cual solo algunos trabajadores que llevan años visitando el sector pueden salvarse.

Zonas en las cuales el abandono del Estado, las drogas y la mala planificación urbana ha dejado a los vecinos y vecinas lejos de bancos, supermercados, farmacias y centro de atención médica.

Y si ya es difícil para algunos pobladores acercarse a estos lugares de primera necesidad, los trabajadores de estos servicios, como por ejemplo, las ambulancias, prefieren no entrar sin acompañamiento policial.

Diez de estas zonas fueron destacadas como las más problemáticas por parte de los prestadores de servicios, entre ellas: La Chimba (Recoleta), la Población José María Caro (Lo Espejo), La Victoria (Pedro Aguirre Cerda), las poblaciones Raú Silva Henríquez, Valle de la Luna y Parinacota (Quilicura), El Manzano (San Bernardo), La Legua Emergencia, La Legua Nueva y el Barrio Antigua Legua (San Joaquín). 

En casos extremos, la investigación muestra que la mala planificación urbana y por ser poblaciones vulnerables en las periferias de la región, algunas de estas personas viven a casi tres kilómetros de un centro de atención primaria de salud, o a dos kilómetros de una farmacia o de un banco. Hay otras, al norte de la ciudad, a casi 30 kilómetros de un hospital.

Mientras que algunos trabajadores de correo deben entrar en vehículos camuflados para entregar las encomiendas, aquellos que deben hacer mantención a postes de luz o alcantarillas sufren el robo de sus herramientas en el mejor de los casos.

Con la pandemia los problemas se han intensificado. Si antes ya era difícil mantener a un alumno asistiendo a clases en medio de un entorno donde el narcotráfico parece la única solución para surgir, con el encierro los problemas de acceso a internet para clases y la falta de trabajos que generen ganancia para sustentar a una familia, ha evidenciado la precariedad de estas zonas.

Finalmente, estos lugares se han convertido en terrenos de nadie, donde a falta de un Estado presente, las organizaciones criminales se han hecho cargo. Una realidad que muchos no ven debido a su ubicación en la periferia y desconexión con otras personas, pero que afecta a más de un millón de santiaguinos actualmente.


Te puede interesar: