En los próximos días se darán a conocer más antecedentes sobre el escándalo de corrupción denominado “Caso luminarias”, el cual involucra a los municipios de Iquique y Chillán y que se extiende por más de 20 comunas del país.
El caso ya ha dejado a 15 personas detenidas -entre ellos funcionarios públicos– por los delitos de cohecho, violación de secreto, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita.
La investigación, encabezada por tres fiscales de Iquique, Centro Norte y Ñuble, llegará a su fin el 10 de enero, fecha en que se darán a conocer todos los antecedentes que reúne una carpeta de más de 3.200 páginas y en la que están involucradas al menos 24 instituciones del Estado.
La indagatoria se enfoca en los sobornos que la empresa Itelecom le habría pagado a funcionarios públicos para así asegurar la adjudicación del recambio de luminarias LED en varios municipios del país.
Según informó un reportaje de El Mostrador, hasta ahora la investigación establece un monto de $400 millones que debían repartirse entre las autoridades municipales involucradas para adjudicar una licitación de $6.000 millones.
Uno de los hombres claves en esta investigación es el concejal de Iquique Felipe Arenas, quien habría actuado como intermediario entre Intelecom y funcionarios de distintas municipalidades.
Pese a su rol en este ilícito, Arenas se encuentra con arresto domiciliario en Santiago por dos razones. Una es que ha mantenido una activa colaboración en la investigación. La otra es que su hija de poco más de un año tiene una malformación congénita en el corazón, que la mantiene internada en la capital.
Arenas además está siendo investigado por la Fiscalía por participar en un esquema en que un grupo de personas falsificaba escrituras para adueñarse de propiedades no inscritas en el Conservador de Bienes Raíces.
Se esperan que en los próximos días se revelen nuevos antecedentes sobre este escándalo, debido que el Ministerio Público levantó el secreto de la investigación para remitir los antecedentes del caso a los defensores, querellantes y al Consejo de Defensa del Estado.
En los próximos días se darán a conocer más antecedentes sobre el escándalo de corrupción denominado “Caso luminarias”, el cual involucra a los municipios de Iquique y Chillán y que se extiende por más de 20 comunas del país.
El caso ya ha dejado a 15 personas detenidas -entre ellos funcionarios públicos– por los delitos de cohecho, violación de secreto, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita.
La investigación, encabezada por tres fiscales de Iquique, Centro Norte y Ñuble, llegará a su fin el 10 de enero, fecha en que se darán a conocer todos los antecedentes que reúne una carpeta de más de 3.200 páginas y en la que están involucradas al menos 24 instituciones del Estado.
La indagatoria se enfoca en los sobornos que la empresa Itelecom le habría pagado a funcionarios públicos para así asegurar la adjudicación del recambio de luminarias LED en varios municipios del país.
Según informó un reportaje de El Mostrador, hasta ahora la investigación establece un monto de $400 millones que debían repartirse entre las autoridades municipales involucradas para adjudicar una licitación de $6.000 millones.
Uno de los hombres claves en esta investigación es el concejal de Iquique Felipe Arenas, quien habría actuado como intermediario entre Intelecom y funcionarios de distintas municipalidades.
Pese a su rol en este ilícito, Arenas se encuentra con arresto domiciliario en Santiago por dos razones. Una es que ha mantenido una activa colaboración en la investigación. La otra es que su hija de poco más de un año tiene una malformación congénita en el corazón, que la mantiene internada en la capital.
Arenas además está siendo investigado por la Fiscalía por participar en un esquema en que un grupo de personas falsificaba escrituras para adueñarse de propiedades no inscritas en el Conservador de Bienes Raíces.
Se esperan que en los próximos días se revelen nuevos antecedentes sobre este escándalo, debido que el Ministerio Público levantó el secreto de la investigación para remitir los antecedentes del caso a los defensores, querellantes y al Consejo de Defensa del Estado.
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