El Ejército emitió un pronunciamiento tras conocerse la noticia de que el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, alista la formalización de casi 800 funcionarios por fraude al fisco al interior de la IV División Aysén, por una suma que asciende a unos 3 mil millones de pesos.
A través de una declaración pública, la institución castrense comunicó que se trata de una investigación amplia y que hay que diferenciar los procedimientos que se ajustan a la legalidad de las conductas ilícitas, por lo que llamó a revisar caso a caso. También indicó que adoptará sanciones contra los involucrados solo cuando haya una condena de por medio.
“Es pertinente reiterar que el Ejército de Chile no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos, no obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad“, dice el texto castrense.
El mismo texto sostiene que hay oficiales y suboficiales que aunque se encuentran en calidad de imputados, “ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan”.
En el mismo punto del comunicado, se agrega que “cabe recordar que, en nuestro Estado de Derecho, son los tribunales los llamados a resolver sobre las pretensiones y acusaciones de la Fiscalía y las defensas presentadas por los imputados, según el mérito de las pruebas aportadas. Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso“.
La investigación judicial da cuenta de la existencia de un Fondo de Ayuda Mutua, un mecanismo privado de ayuda informal en Aysén a partir del ahorro voluntario de funcionarios del Ejército. Al quebrar dicho fondo, denominado ‘Cutufa de Aysén’, “es el propio Ejército el que comienza a indemnizar, a compensar, a resarcir las pérdidas privadas de los oficiales y del personal con fondos públicos, del fisco, del presupuesto militar y ahí está la ilegalidad, el fraude al fisco”, dijo el diputado Leonardo Soto (PS).
Tras las explicaciones del Ejército, el diputado integrante de la Comisión de Defensa, Jorge Brito (RD), emplazó directamente al Ministerio de Defensa: “Falta muchísimo por parte del Ministerio de Defensa. El Ejército ha reconocido actos fuera de la legalidad, ha dicho que se han adoptado algunas medidas, que esperamos conocer en detalle cuando asista el comandante en jefe a la comisión de Defensa”.
“Es importante que el Ministerio de Defensa se haga cargo del problema (…) instamos a que se adopten todos los mecanismos tanto internos como de parte del Ministerio de Defensa para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, finalizó.
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