Renta Básica Universal

La idea de la Renta Básica Universal ha ganado fuerza en los últimos tiempos frente a la crisis económica, la pérdida de empleos por la digitalización 4.0, las protestas sociales por la pérdida de protección estatal y las consecuencias económicas del Covid_19.

Renta Básica Universal

La renta básica universal (RBU), ingreso básico universal (IBU), renta básica incondicional (RBI) o ingreso ciudadano, se define como un derecho de todo ciudadano residente en su territorio, a acceder a un pago que realizaría el Estado mensualmente , de forma individual e incondicional, independientemente de cualquier otro ingreso que pueda tener, así como de su situación familiar o laboral.

La Red de Renta Básica propone la siguiente definición: “Una renta incondicionalmente garantizada a todos de forma individual, sin necesidad de una comprobación de recursos o de estar realizando algún tipo de trabajo.

Es una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios estados europeos en tres importantes sentidos: primero, se paga a los individuos y no a los hogares; segundo, se paga independientemente de otras fuentes de renta; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido”.

Existen dos líneas principales que fundamentan la RBU: El modelo alemán y el inglés.

El modelo alemán propone la creación de un sistema de protección social vinculado a los aportes salariales, condicionado a la inserción laboral de los individuos.

Los primeros programas se adoptaron en Alemania propiciados por Otto von Bismarck, (1815-1898). Significó la ruptura con las instituciones de beneficencia y con las leyes de pobres, ya que dirigió la política social no hacia los pobres, sino hacia los asalariados.

El modelo inglés plantea un sistema de protección social que debería asegurar a todos los ciudadanos un ingreso suficiente que les permita satisfacer sus necesidades básicas, independiente de su situación laboral o de cualquier otra condición.

Este modelo surge en el Reino Unido, elaborado por el economista y político William Henry Beveridge (1879-1963) fue presentado en 1942 y se conoce como Primer Informe Beveridge.

  RBU

En el contexto de la pandemia por COVID-19, distintos países alrededor del mundo, el Foro Económico Mundial e incluso el Papa Francisco se han pronunciado en relación a la implementación de una RBU.

Sus defensores la presentan como un derecho igual que el acceso a la educación, la salud y la justicia, que al definirse como universal evita los costos de administración, la burocracia, la corrupción y las inequidades propias de fijar fronteras de entrada a la RBU.

La RBU se presenta como un reaseguro para evitar condiciones laborales abusivas, los empleos “basura” o el trabajo ilegal. En tanto se resuelven las necesidades básicas, se aumenta la capacidad de los trabajadores de negociar mejor los contratos de trabajo.

La RBU también alentaría el autoempleo y los emprendimientos, al ofrecer mayor seguridad de resistir “el valle de la muerte”, la etapa en que el proyecto consume costos pero no aporta ingresos.

Las ventajas sociales de mejora en la calidad de vida promovidas por la RBU parecen obvias, creando un círculo virtuoso de acceso a una vivienda digna, mejores condiciones de convivencia, educación, cuidado de la salud y gestión de riesgos sociales.

Sus defensores remarcan que la implantación de una RBU no tendría por qué constituir un problema de producción de riqueza sino más bien de redistribución. El financiamiento se asigna al Estado redefiniendo todas sus políticas sociales.

RBU

Quienes catalogan a la RBU como un acto intrínsecamente injusto porque ofrece recursos a ciudadanos que no los necesitan, ponen el acento en el desperdicio que supone crear políticas igualitarias y en la inequidad que surgiría por el uso inadecuado de esos enormes fondos públicos.

En el grupo de los detractores también afirman que ingresarían menos personas al mercado laboral, que aumentarían artificialmente los costos empresariales y que se dañaría el prestigio social de la educación y del esfuerzo, con consecuencias nocivas para la movilidad social.

Se erosionaría los valores cívicos y debilitaría las instituciones democráticas, ya que muchas personas pasarían a ser dependientes del Estado. Los trabajos desagradables o poco remunerados, lejos de desaparecer, pasarían a ser realizados por personas que no posean la ciudadanía o que no sean elegibles para recibir el subsidio por cualquier otro motivo.

Si poseer la ciudadanía fuera un requisito para percibir la renta básica universal, atraería a inmigrantes que tratarían de conseguirla sin contribuir con ninguna actividad productiva.

Los recursos ocupados por la RBU podrían destinarse a políticas que generen más empleo y atraigan mayores inversiones, argumentan quienes ven a este tipo de iniciativas como un riesgo social mayor al riesgo de la pobreza.

De hecho la RBU no reduciría la pobreza -dicen los que se oponen-, al menos no en proporciones que justifiquen distraer tantos recursos, porque una parte indeterminada de la población utilizaría esos ingresos en actividades ilegales o consumos marginales que no necesariamente los alejaría de la categoría social de “población vulnerable”.

Algunas conclusiones

Un piloto  sobre renta básica se esperaba a llevar a cabo en el estado de Gironda, una región del suroeste de Francia. El 31 de enero de 2019 se presentó al Parlamento una propuesta de ley, denominada “experimento sobre el territorio para aplicar una renta básica”.

Aunque el gobierno de Emmanuel Macron había anunciado la voluntad de promover ese tipo de iniciativas para analizar sus resultados, la mayoría de los diputados rechazaron el debate antes de que comenzara.

En los Países Bajos un informe reciente de la Universidad de Utrecht Study What Works[1] define que la entrega de fondos a personas que han solicitado asistencia social fue más eficiente cuando contó con asesoramiento personal adicional para lograr la reinserción laboral de las personas asistidas.

Según el informe holandés en el grupo de las 752 personas asistidas se verificó cierta tendencia a obtener trabajos formales permanentes o conservar pequeños trabajos, con buen impacto en la autoestima de los asistidos y un impacto no muy claro en la empleabilidad.

Las conclusiones iniciales de uno de los primeros  programas de dos años en Finlandia, en el que los participantes recibieron 560 euros (alrededor de 630 dólares) al mes, mostraron efectos positivos sobre la salud y el estrés, pero no reflejaron mejoras en el estado laboral de las personas.

“No hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en lo que respecta al empleo”, escribieron[2] investigadores como Olli Kangas.

“Sin embargo, los resultados de la encuesta mostraron diferencias significativas entre los grupos en relación con diferentes aspectos del bienestar.

Los miembros del grupo de prueba experimentaron significativamente menos problemas relacionados con la salud, el estrés y la capacidad de concentración que los del grupo de control (…) también tenían considerablemente más confianza en su propio futuro y en su capacidad para influir en las cuestiones sociales que los participantes en el grupo de control”.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los efectos en el bienestar de los participantes eran más significativos que los efectos en el mercado de trabajo, una conclusión similar a la obtenida en otros proyectos semejantes desarrollados en Canadá. ©

Por Carolina Collado Reales


[1] Study What Works (Weten wat werkt)

[2] The basic income experiment 2017–2018 in Finland

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