En el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este martes la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está acusada de varios delitos de corrupción.
Su llegada al Centro de Justicia fue caótica, donde incluso discutió con su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León, quien la acompañó a esta audiencia. Junto a ella fueron formalizados otros cuatro exfuncionarios de su gestión en la Municipalidad de Maipú. Algunos de ellos fueron de su círculo más cercano.
Se trata de Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, asesor que según las pesquisas habría sido la mano derecha de la exalcaldesa; Andrea Díaz, una de los 11 ex administradores municipales que tuvo la otrora jefa comunal; Andrea Monsalve, periodista de confianza; y María Isabel Palma, quien ejerció como directora subrogante de administración y finanzas, y luego como directora subrogante de control.
Todos están acusados por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de documentos de públicos, en calidad de consumados y reiterados, excepto Palma, que solo está imputada de este último delito.
Los delitos imputados a Cathy Barriga
El desfalco que se habría generado en el municipio alcanza casi los $31 mil millones, detalló la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. La persecutora detalló que la acusada realizó multimillonarias compras arbitrarias, además contrataciones a honorarios improcedentes, todo esto con fondos públicos.
Además, explicó que apenas tres días de asumido su cargo, desmanteló las instancias de control interno establecidas al interior del municipio. También se le acusa de concentrar facultades y responsabilidades críticas para el municipio, en funcionarios de su exclusiva confianza.
Por ello, se le acusa de que “implementó una estructura orgánica administrativa que posibilitó la disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley para el resguardo del patrimonio municipal, instalando una política de gobernanza municipal fraudulenta”.
Según Encina, Barriga con Luis Japaz adquirieron bienes y realizaron actividades propagandísticas de su gestión con costos multimillonarios, los que no estaban aprobados por el concejo municipal. Algunos de ellos son una Casa de Jengibre, los festivales Maipeluza, libros de cuenta pública, el pintado de un vehículo de color dorado, la realización de gigantografías, chapitas y poleras, la beca Cathy Barriga, una plaza nevada, el evento Maipú Enamorado, y la celebración del Año Nuevo Chino.
Además, también se acusa a Andrea Díaz y Ana María Cortés de participar en un mecanismo que permitía aumentar los presupuestos para poder solventar los multimillonarios gastos, emitiendo diversos certificados de disponibilidad presupuestaria.
Falsificación de instrumento público
Otro de los delitos que la Fiscalía también apuntó fue la falsificación de instrumento público. En este delito, María Isabel Palma está acusada de declarar falsamente superávits en informes de ejecución presupuestaria. De este modo, dijo Encina, se logró que el concejo municipal aprobara presupuestos que estaban sustentados en información falsa.
Pero eso no es todo, porque las cuentas públicas que realizó Cathy Barriga en 2019 y 2020 también habrían sido confeccionadas con base en información falsa, relató la persecutora. Esto porque reportaba saldos presupuestarios positivos, cuando en realidad había importantes déficits presupuestarios. Por si eso fuera poco, igualmente se acusa la entrega de información falsa a través de la ley de transparencia, por orden directa de la exjefa comunal.
Luego, pasó al mando la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, quien detalló las acusaciones que atañen a Andrea Monsalve, quien fue contratada como periodista por orden de Barriga, a sabiendas de que no contaba con el título para ejercer dicha profesión.
Esto se hizo en el marco de que Barriga “contrató con fondos públicos municipales a diversas personas de su confianza como prestadores de servicios a honorarios para que la asistieran de forma personal, cuyos cargos no formaban parte del organigrama municipal”. Ella está acusada de enviar un certificado falso de la carrera de Periodismo, de la Universidad Católica, para así justificar su contratación. Cathy Barriga y Monsalve eran cercanas, por eso la llevó a la alcaldía en 2016. Pero, durante 2017 la relación se quebró.
Monsalve comenzó a presentar licencias médicas consecutivas entre agosto de 2017 y octubre de 2020, del tipo siquiátricas y también relacionadas con un accidente cerebrovascular. En total, fueron 1.710 días consecutivos de ausencia. A pesar de ello, siguió recibiendo remuneraciones por parte del municipio. Sin embargo, en octubre de 2020 se le terminó su contrato ante la imposibilidad de confirmar su diagnóstico.
Para la Fiscalía Oriente, dijo Parra, esta permanencia de Monsalve en el municipio, recibiendo remuneraciones a pesar de las licencias, solo pudo hacerse bajo conocimiento de Barriga, quien sabía que ella no poseía el título profesional. En total, el perjuicio fiscal en este caso supera los $110 millones.
Compra de regalos para fines propagandísticos
A continuación, Parra también detalló la compra de regalos y obsequios, como collares con distintas figuras e incluso diamantes, todo con costo municipal. Junto con ello, explicó que Barriga lideró, en su calidad de alcaldesa, la Corporación de Educación de Maipú.
“En al menos cuatro ocasiones, instruyó la compra, vía trato directo, de al menos mil collares de cristal por un valor total de 17 millones 850 mil pesos”, relató la persecutora.
La fiscal regional Oriente apuntó también que con fondos de la Corporación de Educación, se adquirieron mochilas, kits educativos y peluches “Renacín y Smapina”, todo esto como publicidad de la gestión de Cathy Barriga, utilizando facturas falsas. Esto se hizo con dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
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