Tras cinco meses de trabajo, la comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.
Durante varias jornadas, las parlamentarias recibieron testimonios de agrupaciones de familiares y de víctimas de femicidio. A través de sus relatos y en un trabajo conjunto, lograron perfeccionar la propuesta que ahora se encuentra en condiciones de debatirse en Sala.
En la última sesión llegaron a un acuerdo mayoritario sobre el “corazón” de la norma. Aquí se establece que las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado. Esta deberá ser integral, adecuada y efectiva, e incluir garantías de no repetición. Además, garantiza su participación en la determinación y definición de la reparación integral.
Agrega que todas las víctimas, personas dependientes de ellas y quienes asuman el cuidado de estas tienen el derecho a un adecuado nivel de vida. Aquí se incluye, especialmente, a las personas en situación de discapacidad, de las diversidades y disidencias sexuales y de género y personas mayores.
Junto a esto, establece que deberán ser consideradas como prioritarias en las políticas gubernamentales en relación con los siguientes derechos:
- La atención integral en salud, sin aplicación de preexistencias ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo.
- La vivienda digna y adecuada.
- A la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles.
- Acceso al trabajo digno y programas que busquen la autonomía económica de las mujeres.
