La agrupación Deuda Educativa, que reúne a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), acudió a la Contralaría para exigir un pronunciamiento respecto a la “mentira” en la que incurre la Comisión Ingresa con la reprogramación de los créditos.
El organismo interpelado es el encargado de posibilitar la reprogramación de la deuda de quienes se encuentren morosos. Para ello se le exige al deudor que pague al menos una cuota del crédito y de inmediato pasará a estar “al día”, por lo que no tendría que pagar intereses moratorios ni gastos de cobranza.
El problema para Deuda Educativa está en una de las afirmaciones que hace la comisión, indicando que con este trámite la persona es “eliminada de todos los registros de deudores morosos, incluyendo el Estado de Deudores (de la Comisión del Mercado Financiero, CMF) y de Dicom”.
“La Comisión Ingresa ya no puede seguir mintiendo. Tenemos documentos certificados ante notario que comprueban que durante todo el 2020 han ofrecido repactar con los bancos a cambio de salir de Dicom y CMF, cuando por ley ya no deben existir dichos registros”, fustigó la agrupación a través de redes sociales.
Esto, porque desde agosto está vigente la llamada “Ley Chao Dicom”, que prohíbe informar sobre deuda estudiantil (ya sea CAE, Fondo Solidario, Corfo u otra), por lo que estas ya no pueden aparecer en el Boletín Comercial.
Ante esta falta de transparencia, la agrupación de deudores lanzó la pregunta: “¿Para quién trabaja Ingresa y el Ministerio de Educación? ¿Para la gente o para los bancos?”.
Desde la Comisión explicaron a La Tercera que “las instituciones financieras deben mantener y entregar el registro del comportamiento de pago de sus deudores a los organismos reguladores”. En este contexto, la reprogramación permite a los morosos aparezcan al día en todos los registros, no sólo en Dicom.
Pero el vocero de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, además advierte que con esta reprogramación hay otro problema. Al fijarse un nuevo plazo de pago, “ya no puedes prescribir la deuda, que es la salida judicial que encontramos para salir del crédito”.
Sin embargo, desde la Comisión aclararon que la prescripción “no extingue la deuda, sino que resta vigencia a la acción de cobro ejecutivo del acreedor (es decir, hace más difícil el cobro), pero el deudor mantiene su obligación de pago”.
