En una reciente conferencia, el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, expresó su perspectiva sobre la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Arica. La corte decidió suspender la entrega de las identidades de 50 testigos involucrados en el caso contra Los Gallegos, un grupo asociado a la organización criminal internacional conocida como Tren de Aragua.
La Corte de Apelaciones de Arica tomó la decisión de suspender la entrega de las identidades de los testigos después de que un juez de garantía autorizara previamente la divulgación de información de 50 individuos. Estas personas, cuyos nombres se mantienen en reserva, incluyen testigos y agentes encubiertos relacionados con el caso.
Monsalve señaló que la decisión inicial de revelar las identidades es preocupante. Destacó que no se permitió la intervención de partes clave en el proceso, como el fiscal encargado y los abogados del Ministerio del Interior. Ante esta situación, el gobierno está evaluando sus facultades, tanto constitucionales como legales, para determinar si hubo una conducta inapropiada o negligente por parte del juez.
Se está considerando el artículo 32 de la Constitución chilena, que otorga al presidente la facultad de revisar la conducta de jueces y otros empleados del poder judicial. Esta responsabilidad ha sido asignada al ministro de Justicia, Luis Cordero.
Se ha revelado que tanto fiscales como testigos del caso han sido objeto de amenazas. A raíz de esto, se han implementado medidas de protección, aunque no se han especificado cuáles son.
La Defensoría Penal Pública ha recibido sobres con las identidades de los testigos. Sin embargo, se espera que esta información se mantenga confidencial hasta que se tome una decisión final sobre el recurso de protección.
