La Fiscalía de Antofagasta citó a declarar en calidad de imputado al ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el marco de las indagatorios de lo que se ha denominado Caso Convenios.
El Ministerio Público también resolvió citar al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, todos militantes de Revolución Democrática. Todo esto dentro de la investigación de presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, entre otros.
Las citaciones derivan de una acción de los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval, quienes solicitaron la diligencia mediante la ampliación de una querella que habían presentado previamente, pidiendo interrogar a los antes mencionados “sobre los hechos objeto” de la misma, “y todo antecedente de utilidad en la presente investigación”.
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Faltas en las que habría incurrido Jackson dentro del Caso Convenios
La querella tiene como eje los posibles incumplimientos de Jackson, Crispi y Martínez en sus obligaciones fiscalizadoras dentro del caso, que inició con la arista de Democracia Viva y ahora incluye a otras fundaciones, como Urbanismo Social y ProCultura.
La acción legal sostiene que “en junio de 2022 se rebajaron los controles por parte del CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno) sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial”, y que además, se avisó por correo a las contralorías de los servicios públicos “que no debían informar la transferencia hacia terceros”.
Contactado por El Mercurio, el abogado Miguel Schürmann, quien defiende al ex ministro Jackson, dijo que desconoce la citación, pues ni él ni su representado han sido notificados.
Gobierno Regional de Antofagasta y fundación ProCultura
En cuanto a hechos que pueden ser constitutivos de delito e involucran a los querellados, la acción da cuenta del convenio por 630 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura, para recuperar tres fachadas del casco histórico de la capital de esa región.
Siendo subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Crispi ofició en junio de 2022 al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, indicándole que “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada… esta subsecretaría valida a la fundación ProCultura para actuar como un organismo subejecutor del programa”. Este documento luego fue ratificado por la directora de la Dipres.
Según acusaron los diputados Araya e Irarrázaval, ProCultura no tenía el giro requerido para participar del proyecto, sino que su especialidad era la venta de libros. Además, aseguraron que el monto pagado estaba abultado.
Araya apuntó que “dijimos que íbamos a perseguir hasta las últimas consecuencias a los responsables de estos graves casos de corrupción, por tanto, recibimos con alegría que se haya acogido nuestra solicitud para tomar las declaraciones”, aseverando que “es evidente que el trasfondo de estos casos va más allá de las instituciones involucradas”.
