Tras una serie de intentos frustrados con Google por obtener la información detallada de la propaganda del plebiscito de salida que difundió la empresa multinacional, el Servel inició un proceso sancionatorio.
Desde la entidad pública solicitaron la información relativa a las contrataciones de propaganda electoral mediante su plataforma. También la identificación de los contratantes para efectuar las acciones de fiscalización respecto al plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.
Según se especifica en la normativa, todos los proveedores de medios digitales deben informar de manera exhaustiva sobre las contrataciones realizadas. Esto incluye la identificación de la entidad y el monto involucrado, sin que sea válido proporcionar información parcial o incompleta.
En el contexto del plebiscito de salida, todas las plataformas con propaganda electoral fueron requeridas por el Servel. Por ejemplo, Meta (que incluye a Facebook, Instagram y WhatsApp), cuenta con una biblioteca de anuncios de acceso libre, que permitió dar respuesta a los requerimientos normativos del Servicio Electoral.
Multa que impuso el Servel a Google equivale a menos de un segundo de sus ganancias
Ante el incumplimiento de Google, la ley otorga al Servel la facultad de aplicar una multa entre 10 y 100 UTM. Es decir, entre $630 mil y $6,3 millones.
Tras iniciar el proceso sancionatorio el 4 de noviembre de 2022, resolvieron aplicar la multa máxima. Esto por “no informar la identidad de los contratantes y los montos involucrados de las personas o entidades que hayan contratado propaganda electoral para el plebiscito de salida, en la forma y plazos señalados por el Servicio Electoral”.
Lo llamativo es que la sanción es menos que simbólica para Google. La empresa declaró ganancias por 74.600 millones de dólares en el último trimestre. Es decir, gana unos 7.000 millones de pesos chilenos por segundo.
Según explicó el Servel, a la fecha la multa ya “está a firme y ejecutoriada, sin reclamación ante el Tribunal Calificador Electoral”. Por tanto, ya fue remitida a la Tesorería General de la Republica, para proceder a la recaudación o cobranza en caso de no pago.
