Estadios vacíos, hoteles y restaurantes sin turistas y negocios con pocos clientes. Ese es el actual panorama que deja los Juegos Olímpicos para Tokio.
El evento, que fue pospuesto el año pasado por la pandemia, se está desarrollando sin público debido a la crisis sanitaria.
A pesar de que la población en Tokio no quería que se celebraran los Juegos, debido a la emergencia sanitaria, el evento ya lleva días de desarrollo.
Dos tercios de la población japonesa se oponen a ellos por temor a que se conviertan en un evento “superpropagador” de la pandemia. Sin embargo, las competiciones no dan tregua.
Algunos expertos del mundo financiero afirman que “gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón”.
Por ejemplo, Suehiro Toru del banco de inversión Daiwa Securities declaró que “Hubiera sido mejor no tenerlos”.
Juegos Olímpicos en Tokio: números negros para la ciudad
Desde hace años, economistas han publicado investigaciones para demostrar que los Olímpicos son un “mal negocio” para la ciudad que los realiza.
Los expertos señalan que en vez de consumo, turismo y prestigio, el evento deja una millonaria deuda y obras de infraestructura que terminan convertidas en “elefantes blancos”.
Según estiman, las pérdidas pueden ser de unos US$15,000 millones.
Unos US$800 millones se suprimieron por la venta de entradas que no fue habilitada. Pero el asunto se vuelve complejo, cuando se estima lo que ha perdido el sector turístico y todos los negocios asociados a él, además de otros sectores que confiaban en una mejor economía gracias a los Juegos.
En medio del problema, el gobierno de Japón ha salido a tratar de calmar la situación. El primer ministro Yoshihide Suga declaró que “decidí que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante sin comprometer la seguridad del pueblo japonés”.
En 2013, el costo del evento fue calculado oficialmente en US$7,300 millones. A fines de 2019 subió a US$12,600 millones y más tarde a US$15,400 millones.
Posteriormente, la Junta Nacional de Auditoría de Japón informó que el costo final se acerca a los US$22,000 millones.
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