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José Miguel Vivanco criticó el proyecto de indulto y dijo que “no hay presos políticos en Chile”

Federico Piccioni Aimar
3 Min de Lectura
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José Miguel Vivanco, titular de Human Rights Watch para las Américas. (AFP)

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), volvió a cuestionar al proyecto de indulto para los detenidos durante las protestas que se vivieron en Chile entre 2019 y 2020. La iniciativa se aprobó esta semana en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Al respecto, Vivanco opinó en una entrevista con El Mercurio que “este proyecto de ley me parece un grave error. Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales“.

El abogado reconoció que Carabineros cometió violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y que la institución necesita “profundas reformas”. Pero no cree que “sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas”.

Presos políticos

Vivanco dijo que de aprobarse el indulto, “desincentivaría la obligación de protestar pacíficamente. Quienes cometieron un delito deben ser juzgados con todas las garantías. Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de los procesos penales para asegurar el respeto pleno al debido proceso de los manifestantes acusados por delitos. Al mismo tiempo, es necesario iniciar una discusión seria sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo, sobre prisión preventiva, que se prestan a abusos”.

En mi opinión, no hay presos políticos en Chile”, apuntó el director. “La categoría de presos políticos se aplica a personas que están detenidas por ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión. También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común, pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas”.

Por último, Vivanco dijo que desde Human Rights Watch no tienen “evidencias que sugieran que estos criterios” respecto a los presos políticos “existan en Chile”.


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